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viernes, 3 de julio de 2015

Martelly pide una solución pacífica en conflicto migratorio con RD


EFE
Bridgetown (Barbados).- El presidente de Haití, Michel Martelly, pidió este viernes ante sus homólogos de la Comunidad del Caribe (Caricom) una solución pacífica a la crisis que enfrentan los dominicanos de ascendencia haitiana que están siendo deportados de la República Dominicana.
La política dominicana ha sido criticada por los países de Caricom, al tiempo que tanto Naciones Unidas y los países de África, Caribe y Pacífico (ACP) han mostrado su disposición a intervenir.
"Haití preferiría mantenerse en la mesa de negociaciones con Dominicana para resolver la crisis pacíficamente", dijo Martelly durante su intervención en la cumbre de Caricom que se celebra en Barbados, tras apuntar que en los últimos días mucha gente ha acudido a la frontera para abandonar el país de habla hispana.
En tan sólo unos días, dijo, "tuvimos más de 20.000 personas regresando, incluida una persona que asegura ser de Nigeria, "aunque a falta de identificación no puede saber si es cierto o no".
"Pero una cosa que sé es que hace dos noches 21 personas fueron obligadas a regresar a Haití. No vinieron voluntariamente, fueron detenidas y devueltas a Haití. Parece que no todos ellos son haitianos", explicó.
República Dominicana, que no forma parte de Caricom aunque había entablado conversaciones para integrarse, puso como fecha límite el 17 de junio para que las personas de ascendencia haitiana solicitaran la residencia legal.
Martelly describió la situación que enfrenta su país -que sí es un integrante de Caricom- como una "crisis humanitaria, debido a que no estamos hablando de haitianos, sino probablemente de dominicanos sacados de su país".
"Nosotros preferimos no mencionar siquiera a los dominicanos. Nos preocupamos por los haitianos que van a volver a su país sin medios, porque la mayoría de las veces dejan lo que tienen en casa", explicó.
En ese sentido, reclamó que se establezca "un protocolo" para que podamos "acordar a quién se trae de vuelta y dónde se le trae, porque estamos viendo gente a lo largo de toda la frontera", lo que indica que "no hay un control de lo que está ocurriendo".
"Para que el Gobierno de Haití se prepare necesitamos tener una idea de cuántos, cómo, cuándo y qué hacemos con mil (deportados) por día y si nos detenemos en los fines de semana. Tenemos que hacerlo de una manera ordenada", apuntó.
"No es que no queremos a los haitianos en casa, sólo queremos asegurarnos de que se les trata adecuadamente" 'agregó.
El primer ministro de San Cristóbal y Nieves, Timothy Harris, dijo al respecto que esta asunto es una oportunidad más para mostrar "la unidad regional y la solidaridad" de los países que integran Caricom.
Durante su intervención se refirió a la situación como "una crisis humanitaria y de derechos humanos que afecta a los haitianos y los dominicanos de ascendencia haitiana asediados" por las autoridades de Santo Domingo.
Dijo que su país se opone a una política de la República Dominicana que, en su opinión, es un "asalto a los derechos y la dignidad humana" y lamentó que ese país "parezca decidido a obligar a miles de personas a la deportación o directamente a expulsarlos de la tierra de su nacimiento, a una tierra que no tienen ni la familia ni las habilidades lingüísticas" necesarias para hacerse entender.
"Por lo tanto, hago un llamamiento a las autoridades de la República Dominicana a que cesen y desistan de cualquier plan que daría lugar a la expulsión de los dominicanos de ascendencia haitiana para hacerlos apátridas", reclamó.
Además, les pidió que "consideren la posibilidad de ampliar el plazo para el registro de los migrantes indocumentados, para dar tiempo a idear una solución adecuada en consonancia con las políticas internacionales", agregó.
Incluso el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, mostró durante su participación en la cumbre su "profunda preocupación" por la política de deportación en curso en la República Dominicana.
En ese sentido celebró que esté prevista la emisión de una declaración de condena por parte de Caricom al final de esta cumbre y recordó que él ha mantenido conversaciones al respecto con las autoridades de Haití y República Dominicana.
"Confía en que habrá un mayor progreso en la resolución de este asunto, la protección de los derechos de las personas afectadas y la prevención de la privación de la nacionalidad", dijo.
"Esta es una cuestión de derechos humanos y de dignidad humana", añadió tras instar a Caricom a que siga defendiendo "las voces de más vulnerables, no sólo en esta región sino para el mundo".


jueves, 2 de julio de 2015

República Dominicana rechaza informe de Human Rights Watch.

SANTO DOMINGO.-El Gobierno de República Dominicana  rechazó ayer el informe rendido por Human Rights Watch en el que acusa al país de llevar a cabo deportaciones masivas contra miles de haitianos y de negar el derecho a una nacionalidad a decenas de miles de ciudadanos. 

"No podemos tolerar que cualquier persona venga a nuestro país, diga mentiras, pretenda hacerle daño a República Dominicana y no obtenga una respuesta", dijo el portavoz del Palacio Nacional, Roberto Rodríguez Marchena

Rodríguez Marchena advirtió a la Human Rights Watch que si le falta el respeto al país "nos va a tener de frente y que le vamos a responder".

Sostuvo que ningún otro país que haya aplicado medidas similares en materia de regularización de extranjeros ha exhibido los logros que ha alcanzado República Dominicana 

Dijo que el presidente Danilo Medina ha sido el único que ha tenido la valentía y la humanidad de encarar una situación como el tema migratorio, un reclamo que desde hace varios años venía reclamando la sociedad.

En una comunicación de prensa enviada a los medios, el vocero del Palacio Presidencial sostuvo, además, que República Dominicana le está reconociendo derechos a los haitianos que no se lo reconoce su propio país, pues no le ha dado los papeles.

Reiteró lo dicho por el presidente dominicano de que en nuestro país no hay ni un solo caso de apátrida. Dijo que el ACNUR no tiene ni ha presentado registro suficientemente documentado sobre su denuncia de que en el país se "está negando el derecho a una nacionalidad a decenas de miles de ciudadanos".

En tanto, el consultor Jurídico del Poder Ejecutivo, César Pina Toribio, calificó también como ínfimas, mentiroso y prejuiciado, el informe de la organización Human Rights Watch. 

Dijo que con el informe se busca doblegar la decisión del Gobierno dominicano de regular los flujos migratorios de conformidad con las atribuciones, que la Constitución y las leyes les confieren, y sobretodo el concepto de soberanía nacional, que está en juego en este tipo de decisiones. 

No obstante, Pina Toribio afirmó que no puede calificar como injerencia el informe de Human Rights Watch, porque es un organismo que está participando en muchos lugares con este tipo de situaciones. 

"Lo que si puedo asegurarles, es que es una infamia, es una creación, con la cual están pretendiendo presionar a la República Dominicana para que se haga cargo de los problemas de Haití", indicó. 

Precisó que "los problemas de la vecina nación al país les resultan sensibles; para nosotros, ya lo ha dijo el presidente Danilo Medina, no podemos echarnos esa carga encima". 

Sostuvo que si hemos tenido con ellos manifestaciones de solidaridad en sus momentos difíciles, "eso ha debido ser elemento suficiente para tomar en cuenta que no es posible que se esté hablando de acciones de ese tipo en perjuicio de los ciudadanos haitianos que están irregularmente en el país".

Pina Toribio habló en el Palacio Nacional previo a asistir a la conferencia Cómo combatir la pobreza: Experiencias internacionales, que pronunció en el Salón Las Cariátides del Palacio Nacional el economista argentino Bernardo Kliksberg.

La actividad fue encabezada por el presidente Danilo Medina y la vicepresidenta Margarita Cedeño de Fernández. 

Marchena elogia "valentía y patriotismo" de los periodistas dominicanos

A través de una llamada telefónica al programa radial "El Gobierno de las Mujeres" que conducen las periodistas Rosa Alcántara, Yara González y Tatiana Rosario, el director general de Comunicación de la Presidencia elogió lo que calificó de  "valentía y patriotismo" de decenas de periodistas que, dice, haciendo un ejercicio responsable de su profesión exigieron pruebas al informe de Human Rights Watch.

"Nuestros periodistas en la mañana de hoy desempeñaron una labor patriótica en ese escenario", sostuvo.

José Miguel Vivanco, director ejecutivo de la división de las Américas del Observatorio de Derechos Humanos de Human Rights Watch dijo en la  mañana de ayer ante los medios de comunicación del país que "la República Dominicana está negando el derecho a una nacionalidad a decenas de miles de ciudadanos y, a pesar de mensajes contradictorios, autoridades están deteniendo a personas y expulsándolas hacia el otro lado de la frontera".

En la rueda de prensa asistieron los periodistas Moisés González y Leonardo Grisanty, de la Dirección General de Comunicación de la Presidencia de la República (DICOM), quienes refutaron lo expresado por Viviano durante el acto.

miércoles, 1 de julio de 2015

¿A quiénes estamos documentando?


Mi opinión 
El plan de regularización  del gobierno dominicano de otorgar documentos a cientos de miles de inmigrantes ilegales, finalizó  en su primera etapa con una cantidad de inscritos que llegó  casi a 300,000 personas.
La segunda fase que corresponde a los 45 días siguientes, después del cierre de la primera etapa, para completar la documentación, estos días son cruciales para los que no pudieron entregar todo lo requerido.
Cada día, vemos como ilegales, específicamente haitianos,  andan solicitando cartas de recomendación a instituciones de la sociedad civil, las cuales muchas veces se eximen de otorgar dicho documento, quizás por no conocer la trayectoria del solicitante.
Tal vez estos grupos tengan razón, si nos vamos al pasado reciente y a raíz del terremoto que afectó  la hermana nación haitiana, recordaremos, como,  medios de comunicación de ambos países resaltaron la huida de decenas de convictos, que se encontraban en las diferentes cárceles del la destruida capital.
Ante esa situación, podríamos estar documentando malhechores, los cuales no tienen como presentar una certificación de no delincuencia de su país.
Si analizamos de manera fría, lo antes expuesto, podríamos pensar que quizás mucha gente seria estaría recibiendo documentos, pero también podemos sospechar que  parte de esos delincuentes estén buscando legalizarse en este país.

Arrestan mujer acusada de estafar a Educación con RD$47 millones

SANTO DOMINGO. -La Procuraduría Especializada Antilavado de Activos ejecutó una orden de arresto en contra de una mujer acusada de presunta estafa y lavado de activos por RD$47 millones en contra del Ministerio de Educación.

La ejecución del arresto de Reina Margarita Núñez originó un incidente entre el director de la Procuraduría Antilavado, Germán Miranda Villalona, y el abogado de la imputada, Cándido Simón Polanco, quien se oponía a su detención.

La acción se produjo cuando Núñez compareció por ante la Octava Sala de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, donde se ventilaba una amparo preventivo en contra del Ministerio Público.

El juez acogió la acción, observando que no debía ser detenida a menos que existiera una orden de un tribunal.

Sin embargo, Miranda Villalona mostró el auto No.129-junio-2015, mediante la cual el juez coordinador de los Juzgados de la Instrucción, José Alejandro Vargas autorizó el arresto de la imputada y su esposo Ramón Benito Ramírez Cabrera.

Argumenta que la Procuraduría tiene una investigación abierta por el ilícito de presunta estafa en contra del Estado y de lavado de activos, motivada en una denuncia presentada por el Ministerio de Educación, de que bajo la falsa calidad de propietarios de la parcela 61-A-REF del Distrito Catastral No.4, con una extensión de 15,000 metros cuadrados celebraron un contrato de compra venta del inmueble, por valor de RD$55 millones.

En razón de la venta, dice que lograron que Educación le entregara como parte del pago la suma de RD$47,452,500, el 11 de febrero del 2014.

Human Rights: Miles de dominicanos están en riesgo de expulsión a Haití


Santo Domingo
Human Rights Watch, organización internacional que lucha a favor de los derechos humanos, denunció hoy que miles de dominicanos de ascendencia haitiana están en riesgo de expulsión a Haití.
“Hay decenas de miles de dominicanos de ascendencia haitiana que continúan en una situación legal indefinida, sin posibilidad de ejercer sus derechos fundamentales”, señaló la entidad en un informe difundido hoy.
A continuación publicamos de manera íntegra el comunicado difundido por Human Rights Watch.
Decenas de miles de dominicanos de ascendencia haitiana continúan en una situación legal indefinida, sin posibilidad de ejercer sus derechos fundamentales, señaló Human Rights Watch en un informe difundido hoy. La situación aún no se ha resuelto, a pesar de los esfuerzos gubernamentales para solucionarla.
El informe de 43 páginas, “Somos dominicanos, somos dominicanas: Privación arbitraria de la nacionalidad en la República Dominicana”, documenta cientos de casos en 13 provincias del país. Human Rights Watch concluyó que dominicanos de ascendencia haitiana todavía no pueden realizar actos cívicos básicos como inscribir hijos al momento del nacimiento, anotarse en la escuela y la universidad, participar en la economía formal o viajar por el país sin riesgo de expulsión.
“La República Dominicana le está negando el derecho a una nacionalidad a decenas de miles de ciudadanos y, a pesar de mensajes contradictorios, autoridades están deteniendo a personas y expulsándolas hacia el otro lado de la frontera”, señaló José Miguel Vivanco, director ejecutivo de la división de las Américas de Human Rights Watch. “El gobierno debe cesar inmediatamente de expulsar a dominicanos de ascendencia haitiana y debe garantizarles sus derechos”.
Human Rights Watch llevó a cabo investigaciones en la República Dominicana entre febrero y mayo de 2015, durante las cuales entrevistó a más de 100 víctimas, líderes comunitarios, juristas, funcionarios gubernamentales y representantes de organizaciones de derechos humanos. Human Rights Watch documentó más de 60 casos en los cuales dominicanos de ascendencia haitiana fueron detenidos arbitrariamente, y en ocasiones enviados por la fuerza a Haití, a pesar de contar con la documentación dominicana adecuada. Human Rights Watch también constató cientos de casos de dominicanos de ascendencia haitiana que aún no pueden ejercer plenamente derechos como ciudadanos dominicanos.
En 2013, el Tribunal Constitucional de la República Dominicana, el máximo tribunal de apelación del país para asuntos constitucionales, le quitó en forma sumaria la ciudadanía a decenas de miles de dominicanos, sobre la base de una interpretación retroactiva de la ley de nacionalidad del país. El tribunal dispuso que, si bien la Constitución reconoce que la ciudadanía dominicana es un derecho que adquiere con el nacimiento cualquier personas nacida en la República Dominicana entre 1929 y 2010, aquellas personas cuyos padres eran migrantes indocumentados en la República Dominicana al momento de su nacimiento no podían beneficiarse de esta garantía constitucional y eran considerados, retrospectivamente, no ciudadanas. Esta decisión violó el derecho internacional de los derechos humanos y provocó que miles de personas quedaran expuestas a la posibilidad de ser expulsadas.
En 2014, el Presidente Danilo Medina intentó mitigar las consecuencias de la sentencia del alto tribunal a través de una “Ley de Naturalización” que procuraba solucionar esta situación. No obstante, la ley presenta numerosos problemas de diseño e implementación que han frustrado el proceso de renacionalización.
En el caso de dominicanos de ascendencia haitiana cuya ciudadanía ya constaba en los registros gubernamentales, Human Rights Watch comprobó que algunos organismos gubernamentales responsables de registros civiles se han negado a recuperar los documentos originales de nacionalidad. En lugar de ello, funcionarios han comenzado a segregar a quienes fueron afectados por la decisión de 2013, incorporándolos en nuevos registros civiles. Este así llamado proceso de “transcripción” es innecesario, incrementa considerablemente el trabajo que deben realizar las autoridades gubernamentales y provoca demoras que impiden que miles de personas puedan ejercer plenamente sus derechos de ciudadanía.
Asimismo, autoridades militares e inmigratorias de forma reiterada han apuntado específicamente en contra dominicanos de ascendencia haitiana, deteniendo y expulsando forzadamente a estas personas, incluso cuando poseen documentos dominicanos válidos.
Con respecto a los dominicanos que todavía no habían conseguido inscribirse en organismos gubernamentales, Human Rights Watch comprobó que algunos dominicanos, en su mayoría menores, están siendo obligados a inscribirse como “extranjeros” para poder ser naturalizados como ciudadanos dominicanos, lo cual constituye una violación de sus derechos. Debido a requisitos de documentación sumamente engorrosos, muchos no han podido inscribirse, especialmente debido al plazo de apenas 180 días de implementación.
Este proceso parece haber afectado de manera desproporcionada a menores cuyas madres no tienen documentos de identidad y no pudieron obtener la documentación antes de la fecha límite de febrero. A su vez, autoridades militares y de inmigración han acosado, detenido y expulsado a personas que intentaban inscribirse.
Otro factor que complica la implementación de la Ley sobre Naturalización es que, desde 2014, el gobierno también ha puesto en práctica un plan de “regularización” de migrantes haitianos indocumentados que se trasladaron de Haití a la República Dominicana con fines laborales. El gobierno dominicano ha ofrecido a migrantes una oportunidad de obtener permisos de trabajo temporales. Si bien este esfuerzo es loable, este proceso ha estado marcado por numerosos problemas de diseño e implementación.
El gobierno dominicano debería restablecer inmediatamente la nacionalidad plena de todos aquellos afectados por la decisión de 2013, y garantizar que estén protegidos de la posibilidad de expulsión a Haití. El gobierno debería desarrollar procedimientos de deportación consistentes con los estándares internacionales, que analicen y resuelvan individualmente el caso de cada persona que pueda ser deportada con arreglo a ley, y que preserven la unidad familiar.
“Durante el último año, el gobierno del Presidente Medina ha adoptado algunas medidas para abordar la situación de decenas de miles de dominicanos de ascendencia haitiana”, señaló Vivanco. “Si bien las iniciativas de naturalización impulsadas por el gobierno han sido positivas, el gobierno debe exigir que cesen las expulsiones y las amenazas indiscriminadas mientras subsana las deficiencias del proceso”.
Casos seleccionados. El 19 de febrero, Wilson, de 25 años, fue detenido cerca del municipio de Mao. Los funcionarios que lo detuvieron se negaron a permitirle que regresara a su vivienda, ubicada a poca distancia, para buscar su acta de nacimiento dominicana. Lo obligaron a subir a un camión, lo trasladaron hasta la ciudad fronteriza de Dajabón y le ordenaron a él y otros 32 detenidos que cruzaran a pie la frontera hasta la ciudad de Ouanaminthe, Haití.
Wilson nunca había estado en Haití, no tenía dinero ni modo de comunicarse con otras personas, ni llevaba consigo ninguna identificación. Los empleadores de Wilson consiguieron su acta de nacimiento y se reunieron con él en la sede de la Dirección General de Migración en la frontera, en Dajabón. El funcionario de inmigraciones que estaba a cargo manifestó que, pese a contar con un acta de nacimiento válida, Wilson era haitiano, y se negó a extender una carta que le permitiera regresar a su casa en la provincia de Valverde. Wilson logró regresar a su casa luego de pasar múltiples puestos de control acompañado de sus empleadores y exhibiendo su acta de nacimiento.
Karina, de 35 años, de padres haitianos, nació en la República Dominicana y fue inscripta como dominicana. Si bien obtuvo un documento de identidad válido a los 18 años, cuando tenía 24 años, el gobierno se negó a emitirle documentos necesarios para inscribirse en la universidad, presuntamente porque su nacionalidad estaba siendo investigada. Debido a que no pudo continuar sus estudios, Karina comenzó a trabajar como camarera en un gran complejo balneario, en el cual se desempeña desde hace 10 años.
En octubre de 2014, Karina hizo un viaje de dos horas desde la provincia de Altagracia, donde vive, hasta la capital, para asistir a una entrevista sobre la validez de su nacionalidad. Los funcionarios quedaron conformes con sus respuestas, pero le dijeron que no podía renovar su documento de identidad hasta tanto hubiera finalizado el proceso de auditoría. Karina ha tenido que ausentarse de su trabajo a fin de realizar cuatro viajes a Santo Domingo para comprobar el estado de su caso. Luego, a principios de 2015, funcionarios le dijeron que su proceso se había transferido a El Seibo, la provincia donde nació Karina. A fines de abril, su auditoría no había sido concluida.
Debido a que no pudo renovar su documento de identidad, que caducó el otoño pasado, Karina afirma que no puede usar su seguro médico, y que cada vez que acude a un médico, se ve obligada a solventar el costo con dinero propio. Ya no tiene acceso pleno a su cuenta bancaria ni a su tarjeta de crédito, y ha tenido inconvenientes para pagar facturas adeudadas de servicios públicos y la hipoteca de su vivienda. Karina todavía no puede continuar sus estudios.
Rosanna, de 17 años, nació en la República Dominicana, 20 años después de que sus padres emigraran desde Haití. Tras la decisión de 2013 que impuso la desnacionalización, se vio obligada a abandonar sus estudios en la escuela pública, y ahora cosecha y vende frutas en el campo por menos de USD 3 por día. Rosanna quería inscribirse con arreglo a Ley sobre Naturalización, pero no pudo hacerlo. Ante un proceso burocrático inescrutable, y al no poder solventar el costo de un abogado, recurrió a la ayuda de organizaciones no gubernamentales que, como ya estaban trabajando por encima de su capacidad, no pudieron ayudarla a completar el proceso antes del vencimiento. Ahora no puede inscribirse como ciudadana dominicana, y no tiene forma de continuar sus estudios.

 
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